Resumen: Se reitera la doctrina fijada por la Sala de que el acto del beneficiario de una subvención otorgada por acto firme de la Administración por el que se justifica el cumplimiento de la actividad a que se obligó con el otorgamiento de la subvención no inicia un procedimiento administrativo sujeto a un plazo máximo de resolución conforme al art. 43.2 de la Ley 30/1992, actual art. 21.3 de la Ley 39/2015. En consecuencia, la Administración viene obligada al abono de la subvención concedida o la cantidad parcial pendiente, una vez verificada la justificación presentada, comprobación para lo que dispone del plazo fijado en las bases reguladoras de la subvención, sin que puede resultar de aplicación, para esta limitada actuación de comprobación de la justificación, el plazo de prescripción de la acción de reintegro o declaración de la pérdida del derecho a la subvención que regula el art. 39 de la LGS.
Resumen: En la sentencia se afrontan las diferencia entre usura y abusividad, resaltando que la primera, en la segunda la normativa sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores no permite el control del tipo de interés remuneratoriopor ser el precio del servicio, siempre que cumpla el requisito de transparencia, en cambio la usura supone una clara proyección en los controles generales o límites a la autonomía negocial , especialmente respecto de la consideración de inmoralidad de los préstamos usurarios o leoninos, y alcanza tanto a los intereses remuneratorios como a los moratorios, pero ello no obstante esas diferencias la Audiencia aprecia puntos de conexión entre una y otra normativa, pues la no comprensibilidad de la carga económica y jurídica por falta de transparencia es identificable con la falta de experiencia de prestatario en los contratos leoninos, lo que concurre en el caso pues el conjunto del clausulado, sobre la base de unos intereses desproporcionados, termina propiciando la creación de unas altísimas cargas finacieras que conducen a la creación de una obligación de pago que se eterniza y en la que el deudor solo abona intereses, sin práctica amortización alguna del principal, configurando ese conjunto de circunstancias un contrato leonino.
Resumen: Se discute con ocasión de la división de una vivienda común por un matrimnio que etuvo sometido al régimen de separación de bienes, resolviendo la Audiencia que (i) en cuanto a los conceptos recogidos en el pacto de relaciones familiares la competencia para conocer sobre su reclamación corresponde al Juzgado de Familia, que es el competente para su ejecución, (ii) un proceso de liquidación de un régimen de separación no está sometido a ningún procedimiento específico de división, pues no se genera patrimonio común. (iii) diferente es que los matrimonios sometidos a un régimen de separación terminen creando confusas situaciones patrimoniales, al mezclarse los patrimonios de cada uno de los cónyuges, lo que unido al deber (asimétrico según los casos) de colaborar a las cargas del matrimonio se pueden terminar generando esferas patrimoniales muy confusas, que es necesario esclarecer.
